La Administración Pública Nacional satisface sus necesidades adquiriendo bienes y servicios de la sociedad civil, a cuyo efecto debe regirse por la normativa vigente en materia de compras y contrataciones.
La misma tiene por objeto evitar la incidencia de factores distorsivos que, atentando contra el interés Estatal, impidan que la Administración efectúe la contratación en las mejores condiciones económicas y financieras posibles, impidiéndole actuar con la mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus fines.
Básicamente los procedimientos contractuales implican solicitudes de ofertas, con el fin de contratar con el proveedor que, motivado por la concurrencia, formule la mejor oferta.
Así, se pretende que, en base al cumplimiento del principio de publicidad se garantice el acceso en términos igualitarios a la contratación a la mayor cantidad de oferentes posibles, con la finalidad de evitar la incidencia de factores distorsivos, neutralizándolos mediante la libre concurrencia entre proveedores, en el entendimiento de que la libre competencia en el mercado resulta ser el mejor mecanismo de asignación de recursos.
De ello se sigue que el cumplimiento de las reglas establecidas en materia de procedimientos contractuales resulta esencial a efectos de garantizar el empleo eficaz y eficiente de los recursos públicos –en especial en lo que refiere a la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles-, aspecto en el que la actual gestión del MINISTERIO ha hecho hincapié en reiteradas oportunidades.
Es un conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan el proceso de planeamiento y ejecución del abastecimiento de los insumos (bienes y servicios) de la Jurisdicción Defensa.
En esta sección podrá descargar Decretos y Resoluciones relacionadas con las contrataciones, el Ministerio de Defensa y la Dirección General del Servicio de Logístico de la Defensa.
